Movimiento Nacional “Somos Motociclistas, No Delincuentes” Carta de exposición de motivos

A la opinión pública, a los medios de comunicación, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay y a toda autoridad competente:
Por medio de la presente, quienes integramos el Movimiento Nacional “Somos Motociclistas, No Delincuentes” manifestamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante la intención del gobierno nacional de implementar sistemas de identificación digital (TAG) en vehículos, cascos y chalecos de motociclistas. Esta medida, presentada como un supuesto esfuerzo para combatir la delincuencia y las carreras ilegales (picadas), se basa en argumentos que consideramos falaces y peligrosamente simplistas. La evidencia demuestra que aquellos que incurren en actividades delictivas —incluyendo los que corren picadas— ya operan fuera de la ley: no portan matrículas, no respetan normas, y no muestran interés alguno en sistemas de identificación. Pensar que adoptarán voluntariamente un sistema de rastreo digital es, como mínimo, ingenuo. Por el contrario, esta tecnología apunta directamente a la población honesta. Instalar TAGs obligatorios en vehículos y equipamiento personal implica la creación de una base de datos masiva sobre los movimientos diarios de ciudadanos que no han cometido delito alguno. Esta información, al estar en manos de organismos como las intendencias, puede volverse fácilmente vulnerable. Si cae en manos equivocadas, como redes delictivas o incluso actores políticos con fines represivos, se corre el riesgo de que sea utilizada para seguir y hostigar a individuos, conocer sus rutinas, acceder a ubicaciones de patrullas policiales e incluso anticipar momentos de vulnerabilidad de posibles víctimas. La realidad es que los delincuentes, por definición, no se someten a controles. La ciudadanía sí. Y con esta medida, se pretende someter al 100% de la población a una forma encubierta de vigilancia, con el pretexto de controlar a un 1 a 2% de personas que utilizan motocicletas para cometer delitos, concentrados además en zonas muy específicas del país. Es una desproporción que roza lo absurdo y que no garantiza ningún resultado concreto. Además, advertimos sobre el riesgo de que esta tecnología, más allá de sus promesas iniciales, se transforme en una herramienta de control político y social. El seguimiento constante de movimientos puede usarse para amedrentar a voces disidentes, vigilar reuniones sociales o políticas, o limitar la libertad de circulación de ciudadanos que
simplemente piensan diferente. Compararlo con una tobillera electrónica no es exagerado: el TAG implica que cualquier persona será rastreada permanentemente, sin orden judicial, sin garantías, y sin ser sospechosa de delito alguno. La experiencia internacional nos respalda: en países como Canadá, los sistemas de matrículas digitales han sido explotados por organizaciones delictivas para planear robos y seguimientos. Lo mismo puede ocurrir aquí, con consecuencias graves para todos. Por todo lo anterior, solicitamos al Parlamento Nacional y a las autoridades competentes que frenen esta iniciativa. No se puede combatir la delincuencia criminalizando la vida cotidiana de quienes cumplen con la ley. Exigimos políticas que se enfoquen en los verdaderos responsables del delito, no en quienes usamos una moto para trabajar, trasladarnos, o disfrutar de la vida con libertad y responsabilidad. Somos motociclistas, no delincuentes. No aceptamos ser tratados como tales. A su vez, expresamos nuestro total rechazo a la propuesta de prohibir la circulación de dos personas en una motocicleta. Esta medida, al igual que la del TAG, castiga injustamente a la población honesta y más vulnerable, impidiéndole ejercer su derecho a la libre circulación en vehículos plenamente habilitados para transportar a dos personas. Esta restricción afectaría a trabajadores que llevan a sus esposas al trabajo, a padres que van a buscar a sus hijos a la escuela, o a cualquier ciudadano que desee transitar acompañado en ejercicio de su derecho legítimo. Nuevamente, se pretende restringir las libertades de la mayoría sin garantía alguna de resolver el accionar de una minoría delictiva. Finalmente, solicitamos formalmente una instancia de diálogo con las autoridades competentes que están impulsando estas propuestas, incluyendo a representantes de la UNASEV, del Ministerio del Interior, de las intendencias y legisladores nacionales. Consideramos fundamental ser escuchados como ciudadanos organizados y legítimamente preocupados por estas medidas, con el objetivo de debatir alternativas reales y eficaces para mejorar la seguridad pública sin vulnerar derechos ni libertades básicas. Estamos dispuestos a colaborar activamente en la construcción de soluciones que protejan tanto la seguridad como la dignidad de todas las personas que integran nuestra sociedad.
Atentamente, Movimiento Nacional “Somos Motociclistas, No Delincuentes” Montevideo, 09 de Mayo de 2025